Este primer congreso se desarrolla en un contexto de grandes dificultades para la realización del cine en general, pero también de oportunidades y de desafíos.
Coincide con una tibia discusión en el Congreso de la República de propuestas legislativas que buscan definir el rol del Estado respecto de la promoción de la cultura. Discusión que incluye una vez más, la siempre inconclusa ley de cinematografía. Coincide también con una producción creciente de cortos y largos, con la aparición de circuitos periféricos de consumo sobre todo en regiones, y también, con esfuerzos renovados de organización por parte de los trabajadores del cine.
Podemos confiar entonces que, independientemente de lo que suceda en el terreno legislativo, la cultura, el arte y la educación continuarán su acostumbrada marcha de sacrificio nutrida básicamente por el empuje voluntario de sus gestores.
Sin embargo, al final del camino está como siempre el Estado impávido, esperando a quienes puedan cruzar la meta para tenderles la mano, tomarse una foto y discursearlos con solemnidad. Por lo que es legítimo preguntarse ¿es ese el modo en que debe fomentarse la cultura de un país? ¿Confiando siempre en la iniciativa individual, sin soportes institucionales? ¿Con un Estado que premia la llegada, sin importarle cómo se sortea el camino? El acceso a los productos de la cultura es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad que debe ser abordada de manera integral por el Estado. El cine, el libro, la danza, el teatro, se nutren de nuestras culturas y se vierten sobre la comunidad enriqueciéndola. Esa sola razón bastaría para promover y proteger sus diversas manifestaciones. Independientemente del atractivo turístico que estas puedan suscitar, es deber del Estado participar de su gestión.
Se necesita de un Estado que no sólo espere en la línea de meta para entregar premios y tomarse fotos. Se requiere un Estado comprometido con los procesos culturales, que defina una política pública y que la impulse a través de sus diversas instituciones, que tenga capacidad de elaborar un plan integral que articule al gobierno local regional, central, a la comunidad y a la empresa privada.
¿Cuántos concursos de cortometraje al año debería convocar CONACINE según la ley y cuántos realmente convoca?, ¿Y por qué el Estado premia cortometrajes? ¿De qué le sirve premiar cortometrajes, si sólo se va a tratar de actos aislados donde no se garantiza una adecuada distribución del producto cultural? ¿Por qué no se pueden crear reales mecanismos de difusión, al menos, para el audiovisual que se genera o premia?
Este primer Congreso busca ser un espacio para contribuir a la construcción de un sector audiovisual consciente, activo y propositivo. Trabajemos por ello.